Las zonas grises del Primer Informe.
El Panel de Expertos ha entregado con fecha 9 de julio de 2010 su primer
informe para el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país.
Junto con reconocer algunos propósitos que pueden ser ampliamente
compartidos, como el aseguramiento de la calidad, la profesionalización de la
función directiva, la transparencia y el mejoramiento de las condiciones de
trabajo de los profesores, las propuestas contenidas en el citado informe,
también generan preocupación, rechazo y una gran zona gris con múltiples
interrogantes.
Un aspecto cardinal, en lo político, consiste en la composición del Panel
encargado por el Presidente de la República de elaborar el mencionado
informe. Sus integrantes son: Julia Alvarado, José Pablo Arellano, Mariana
Aylwin, Harald Beyer (coordinador), Andrea Krebs, Patricia Matte, Sergio
Molina, Jaime Pavez, Pilar Romaguera, Pedro Pablo Rosso, Pablo Zalaquett y el
omnipresente José Joaquín Brunner. Claramente este equipo, siendo muy
respetable en lo profesional, no constituye una expresión de pluralismo frente
al tema de la educación en Chile, omitiendo por ejemplo, a actores claves en el
tema como el colegio de profesores, rectores de universidades y especialistas
que no pertenecen al mainstream en políticas públicas. Si bien es cierto,
participan de esta comisión cuatro ex-ministros de la Concertación y una Sub –
Secretaria, lo que podría interpretarse (erróneamente) como una expresión de
pluralismo, sus integrantes representan, en forma predominante, un discurso
liberal, descentralizador, receloso de la capacidad del Estado y simpatizante en
lo práctico o conceptual de la lógica del mercado. Estos expertos comparten,
en general, una gramática sobre-adaptada al mercado desde la segunda mitad
de la década de 1980, en los casos más recientes, plagada de herramientas
provenientes del pensamiento económico, que agota su imaginación frente al
diseño de políticas públicas en los fetiches de la competitividad y los
incentivos. Tal como si las soluciones de compromiso, la cooperación, la
cultura, los factores idiosincráticos y lo público fueran conceptos totalmente
gaseosos o superados históricamente. El Presidente de la República y el
Ministro Lavín deben entender que este equipo constituye solo “una visión”
frente a las reformas pendientes en educación.
Respecto de los contenidos, este Primer Informe del Panel de Expertos se ha
orientado a formular propuestas para el mejoramiento de la profesión docente
en el sistema escolar. El panel ha organizado sus propuestas en tres ejes:
Formación Inicial Docente, Carrera Docente y Rol de Directivos.
En materia de formación inicial docente, existen, a mi juicio, incentivos
claramente mal diseñados. Por ejemplo, el informe propone otorgar becas que
cubran la totalidad del arancel de referencia de las carreras de pedagogía a los
estudiantes que obtengan más de 600 puntos en la PSU y que se matriculen en
programas que exijan un puntaje mínimo de 500 puntos. Sin embargo, se
agrega que este beneficio deberá reintegrarse al Estado en los casos que los
estudiantes no terminen su carrera. Lejos de constituir un incentivo, este
mecanismo es un factor que contribuirá a elevar el riesgo de estudiar
pedagogía, pues el estudiante que ha obtenido un puntaje PSU de excelencia
podría optar a obtener becas para ingresar a otras carreras sin el riesgo de la
devolución del beneficio.
Respecto de la carrera docente, el informe propone que, siguiendo la
experiencia de profesiones como medicina y derecho, se deberá exigir un
exámen final habilitante para autorizar el ejercicio profesional de los futuros
docentes. La argumentación del panel resulta inexacta pues, si bien es cierto
que medicina y derecho poseen “exámenes habilitantes”, resulta impensable
proponer en estos ámbitos, sin mediar una fuerte reacción gremial, que este
exámen sea la barrera de entrada a la profesión para egresados de otras
disciplinas, o se promueva públicamente la importación profesionales
extranjeros. Concretamente, el Panel propone llenar vacantes de profesores y
directivos con licitaciones internacionales. Ambas medidas están contenidas en
este informe y representan un consenso de mediano plazo, pues constituyen
iniciativas propuestas durante los últimos gobiernos de la Concertación.
Además, habría que señalar que si el aumento de remuneraciones para los
profesores resulta atractivo, el exámen habilitante, sumado a la oportunidad
de otras profesiones de reconvertirse y el incentivo a la llegada de profesores
extranjeros, se generaría un nuevo mercado (post-universitrario). Todas estas
medidas transformarán a la profesión docente en una disciplina crecientemente
precarizada, incierta, y acorralada por incentivos mal diseñados. ¿Es posible
pensar medidas semejantes frente a profesiones con mayor poder gremial?
¿Se puede esperar que la profesión de profesor gane en dignidad y respeto
frente a la sociedad, considerando estos incentivos asfixiantes?
Finalmente, en relación al rol de los directivos, se advierte el propósito de
profesionalizar esta función, convirtiendo al Director en el principal actor del
proceso educativo. El informe contiene múltiples propuestas para alcanzar este
objetivo, como la creación de un programa internacional para la formación de
directores, entre otras medidas. Sin embargo, en el caso de transformar a los
directores en los principales actores de las reformas propuestas, valdría la
pena que los expertos respondieran ¿Mediante que procesos de aprendizaje se
construirá en concepto de sociedad y ciudadanía? ¿De qué manera el Estado
resguardará aquellos valores mínimos que constituyen nuestro cemento
normativo común? ¿O estamos condenados a vivir en una sociedad de guettos
y particularismos insuperables? ¿De qué manera el Estado evitará que la
educación contribuya a aumentar la atomización de la experiencia social?
Sabemos que si los directores son los pivotes de la educación primaria y
segundaria en Chile, nuestro sistema escolar podría llegar a ser equivalente a
la agregación de 345 proyectos distintos (un proyecto distinto por comuna).
¿El país quiere esto?
Llama la atención que en este panel de expertos recelosos del Estado y
simpatizantes de la descentralización, se les dé un cheque en blanco a los
sostenedores, lo que podría convertir a estas propuestas en un
perfeccionamiento y una profundización (¿blanqueo final?) de la
municipalización. La realidad de la mayor parte de las comunas del país es
distinta a la imagen ideológica de los expertos. En la mayor parte de las
comunas, los municipios arrastran, por décadas, grandes dificultades de
financiamiento, tienen problemas de recursos humanos, no logran generar
nuevos ingresos vía proyectos e innovación y no han desarrollado un concepto
denso respecto de que educación requiere su comuna y el país. Este panel no
se pronuncia respecto de cómo generar esas capacidades. Tampoco señala
cómo se erradica el clientelismo de las prácticas de los sostenedores, situación
que resulta asfixiante y promueve el inmovilismo, la apatía y la obsecuencia de
los profesores frente a la autoridad comunal.
En suma, el informe del panel de expertos contiene un conjunto de incentivos
de muy discutible coherencia y eficiencia, medidas para mejorar la gestión,
pero nada o muy poco respecto de los contenidos para una política de
mejoramiento del sistema escolar. No existen estrategias para alcanzar
soluciones cooperativas y de compromiso, solo se espera obtener respuesta de
los actores individualistas y egoístas incapaces de comprometerse en un
proyecto colectivo. Tampoco existen propuestas para administrar pluralismo y
las diferentes visiones frente a la educación en nuestra sociedad. Nuestro país
requiere frente a este y otros temas de política pública, más pensamiento
contra adaptativo, menos fetichismo conceptual, mayor imaginación y mayor
audacia política.
Dr. Marcelo Mella Polanco
Académico Departamento de Historia
Universidad de Santiago de Chile
El Panel de Expertos ha entregado con fecha 9 de julio de 2010 su primer
informe para el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país.
Junto con reconocer algunos propósitos que pueden ser ampliamente
compartidos, como el aseguramiento de la calidad, la profesionalización de la
función directiva, la transparencia y el mejoramiento de las condiciones de
trabajo de los profesores, las propuestas contenidas en el citado informe,
también generan preocupación, rechazo y una gran zona gris con múltiples
interrogantes.
Un aspecto cardinal, en lo político, consiste en la composición del Panel
encargado por el Presidente de la República de elaborar el mencionado
informe. Sus integrantes son: Julia Alvarado, José Pablo Arellano, Mariana
Aylwin, Harald Beyer (coordinador), Andrea Krebs, Patricia Matte, Sergio
Molina, Jaime Pavez, Pilar Romaguera, Pedro Pablo Rosso, Pablo Zalaquett y el
omnipresente José Joaquín Brunner. Claramente este equipo, siendo muy
respetable en lo profesional, no constituye una expresión de pluralismo frente
al tema de la educación en Chile, omitiendo por ejemplo, a actores claves en el
tema como el colegio de profesores, rectores de universidades y especialistas
que no pertenecen al mainstream en políticas públicas. Si bien es cierto,
participan de esta comisión cuatro ex-ministros de la Concertación y una Sub –
Secretaria, lo que podría interpretarse (erróneamente) como una expresión de
pluralismo, sus integrantes representan, en forma predominante, un discurso
liberal, descentralizador, receloso de la capacidad del Estado y simpatizante en
lo práctico o conceptual de la lógica del mercado. Estos expertos comparten,
en general, una gramática sobre-adaptada al mercado desde la segunda mitad
de la década de 1980, en los casos más recientes, plagada de herramientas
provenientes del pensamiento económico, que agota su imaginación frente al
diseño de políticas públicas en los fetiches de la competitividad y los
incentivos. Tal como si las soluciones de compromiso, la cooperación, la
cultura, los factores idiosincráticos y lo público fueran conceptos totalmente
gaseosos o superados históricamente. El Presidente de la República y el
Ministro Lavín deben entender que este equipo constituye solo “una visión”
frente a las reformas pendientes en educación.
Respecto de los contenidos, este Primer Informe del Panel de Expertos se ha
orientado a formular propuestas para el mejoramiento de la profesión docente
en el sistema escolar. El panel ha organizado sus propuestas en tres ejes:
Formación Inicial Docente, Carrera Docente y Rol de Directivos.
En materia de formación inicial docente, existen, a mi juicio, incentivos
claramente mal diseñados. Por ejemplo, el informe propone otorgar becas que
cubran la totalidad del arancel de referencia de las carreras de pedagogía a los
estudiantes que obtengan más de 600 puntos en la PSU y que se matriculen en
programas que exijan un puntaje mínimo de 500 puntos. Sin embargo, se
agrega que este beneficio deberá reintegrarse al Estado en los casos que los
estudiantes no terminen su carrera. Lejos de constituir un incentivo, este
mecanismo es un factor que contribuirá a elevar el riesgo de estudiar
pedagogía, pues el estudiante que ha obtenido un puntaje PSU de excelencia
podría optar a obtener becas para ingresar a otras carreras sin el riesgo de la
devolución del beneficio.
Respecto de la carrera docente, el informe propone que, siguiendo la
experiencia de profesiones como medicina y derecho, se deberá exigir un
exámen final habilitante para autorizar el ejercicio profesional de los futuros
docentes. La argumentación del panel resulta inexacta pues, si bien es cierto
que medicina y derecho poseen “exámenes habilitantes”, resulta impensable
proponer en estos ámbitos, sin mediar una fuerte reacción gremial, que este
exámen sea la barrera de entrada a la profesión para egresados de otras
disciplinas, o se promueva públicamente la importación profesionales
extranjeros. Concretamente, el Panel propone llenar vacantes de profesores y
directivos con licitaciones internacionales. Ambas medidas están contenidas en
este informe y representan un consenso de mediano plazo, pues constituyen
iniciativas propuestas durante los últimos gobiernos de la Concertación.
Además, habría que señalar que si el aumento de remuneraciones para los
profesores resulta atractivo, el exámen habilitante, sumado a la oportunidad
de otras profesiones de reconvertirse y el incentivo a la llegada de profesores
extranjeros, se generaría un nuevo mercado (post-universitrario). Todas estas
medidas transformarán a la profesión docente en una disciplina crecientemente
precarizada, incierta, y acorralada por incentivos mal diseñados. ¿Es posible
pensar medidas semejantes frente a profesiones con mayor poder gremial?
¿Se puede esperar que la profesión de profesor gane en dignidad y respeto
frente a la sociedad, considerando estos incentivos asfixiantes?
Finalmente, en relación al rol de los directivos, se advierte el propósito de
profesionalizar esta función, convirtiendo al Director en el principal actor del
proceso educativo. El informe contiene múltiples propuestas para alcanzar este
objetivo, como la creación de un programa internacional para la formación de
directores, entre otras medidas. Sin embargo, en el caso de transformar a los
directores en los principales actores de las reformas propuestas, valdría la
pena que los expertos respondieran ¿Mediante que procesos de aprendizaje se
construirá en concepto de sociedad y ciudadanía? ¿De qué manera el Estado
resguardará aquellos valores mínimos que constituyen nuestro cemento
normativo común? ¿O estamos condenados a vivir en una sociedad de guettos
y particularismos insuperables? ¿De qué manera el Estado evitará que la
educación contribuya a aumentar la atomización de la experiencia social?
Sabemos que si los directores son los pivotes de la educación primaria y
segundaria en Chile, nuestro sistema escolar podría llegar a ser equivalente a
la agregación de 345 proyectos distintos (un proyecto distinto por comuna).
¿El país quiere esto?
Llama la atención que en este panel de expertos recelosos del Estado y
simpatizantes de la descentralización, se les dé un cheque en blanco a los
sostenedores, lo que podría convertir a estas propuestas en un
perfeccionamiento y una profundización (¿blanqueo final?) de la
municipalización. La realidad de la mayor parte de las comunas del país es
distinta a la imagen ideológica de los expertos. En la mayor parte de las
comunas, los municipios arrastran, por décadas, grandes dificultades de
financiamiento, tienen problemas de recursos humanos, no logran generar
nuevos ingresos vía proyectos e innovación y no han desarrollado un concepto
denso respecto de que educación requiere su comuna y el país. Este panel no
se pronuncia respecto de cómo generar esas capacidades. Tampoco señala
cómo se erradica el clientelismo de las prácticas de los sostenedores, situación
que resulta asfixiante y promueve el inmovilismo, la apatía y la obsecuencia de
los profesores frente a la autoridad comunal.
En suma, el informe del panel de expertos contiene un conjunto de incentivos
de muy discutible coherencia y eficiencia, medidas para mejorar la gestión,
pero nada o muy poco respecto de los contenidos para una política de
mejoramiento del sistema escolar. No existen estrategias para alcanzar
soluciones cooperativas y de compromiso, solo se espera obtener respuesta de
los actores individualistas y egoístas incapaces de comprometerse en un
proyecto colectivo. Tampoco existen propuestas para administrar pluralismo y
las diferentes visiones frente a la educación en nuestra sociedad. Nuestro país
requiere frente a este y otros temas de política pública, más pensamiento
contra adaptativo, menos fetichismo conceptual, mayor imaginación y mayor
audacia política.
Dr. Marcelo Mella Polanco
Académico Departamento de Historia
Universidad de Santiago de Chile
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